Más sentencias reconociendo la responsabilidad patrimonial y penal de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones
16 de mayo de 2019
La juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Valladolid ha dictado un auto en el que ordena a la Junta de Castilla y León a la ejecución forzosa de una sentencia de 2017 que le obliga a repetir un concurso de traslados convocado tres años antes.
El concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al Personal Funcionario de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 pertenecientes a los Cuerpos Superior, de Gestión, Administrativo y Auxiliar y de otros Cuerpos y Escalas de la Administración especial en el ámbito de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos fue convocado en diciembre de 2014.
El TSJ anuló parcialmente la convocatoria, manteniendo el resultado del concurso ya realizado, debiendo efectuarse en ejecución de sentencia un nuevo concurso con todas las vacantes existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma en el mismo ámbito objetivo para el que se procedió a la cobertura anulada. Sin embargo, la Junta se ha negado durante todo este tiempo a convocarlo y ahora la juez de lo contencioso ordena su ejecución forzosa advirtiendo que de no hacerlo, se puede llegar a la imposición de multas de hasta 1.500 euros “a las autoridades, funcionarios o agentes” o a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Cada vez más sentencias reconocen la responsabilidad patrimonial y penal de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, régimen disciplinario de los funcionarios públicos regulado en los arts. 93-98 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Fuente: Ultimo Cero
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